Consultoría
La adopción en Colombia del denominado Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) introdujo algunas figuras del derecho penal económico de corte europeo, cuyo auge se evidenció en España y Alemania. Figuras como la administración desleal y la corrupción privada tienen gran incidencia en el sector empresarial, no sólo al momento de adoptar decisiones comerciales por los órganos directivos y representantes legales, sino también como mecanismo para asegurar los deberes en el tráfico comercial mediante la judicialización de las conductas de empleados que llegaren a infringir estos tipos penales.
Lo mismo ocurre con los delitos informáticos (Ley 1273 de 2009) cuando de administrar datos confidenciales de los usuarios de las entidades financieras y afines se trata. Así como la incidencia de las modificaciones relativas al sector de la seguridad social, fondos de pensiones y cesantías en cuanto a la agravación de penas y la introducción del peculado culposo frente a recursos de la seguridad social integral. Estas razones, aunadas a la incidencia de aquellos delitos “clásicos”, develan la necesidad de contar con una correcta asesoría jurídico-penal para evitar contingencias en las compañías
Personas Naturales
La expansión del derecho penal sobre distintos ámbitos de la vida cotidiana y la tendencia de acudir a éste como primer instrumento de solución de conflictos expone a los ciudadanos a un posible contacto con el sistema penal en tanto sujetos activos o pasivos. Ello requiere de una correcta asesoría y guía sobre las herramientas jurídicas que, tanto la legislación como la jurisprudencia, pone a disposición para la legítima protección de los intereses de los asociados.
