Litigios
En las dinámicas sociales actuales donde los medios de comunicación se han configurado como el cuarto poder y plantean exigencias claras a los órganos judiciales, la ciudadanía ha acudido a formular denuncias contra miembros de órganos directivos y representantes legales. Cuando, por ejemplo, en un litigio civil, administrativo o comercial no se satisfacen sus expectativas, la vía penal se presenta como una oportunidad ágil y oportuna de intervención para aminorar el riesgo reputacional o un detrimento del good will, el cual resulta ser uno de los mayores activos de una entidad financiera o sociedad comercial.
Defensas de responsabilidad patrimonial de la empresa por delitos
Los deberes de cuidado en el tráfico comercial demandan del empresario y sus administradores la observancia de obligaciones en la selección y la vigilancia de sus colaboradores y adecuado manejo de fuentes de riesgo. En el escenario cotidiano de la empresa se podría generar una responsabilidad imprudente en un posible hecho delictual realizado por los colaboradores y una contingencia patrimonial para la compañía, frente a la cual habrá que realizarse una adecuada intervención a efectos de garantizar la defensa que le atañe a la empresa.
La gestión respecto a ello debe estar enfocada en la judicialización inmediata de los hechos que revistan las características de un delito, para que la compañía, desde un primer momento, pueda postularse como víctima con vocación de actuar en la totalidad del proceso penal y no como un tercero civilmente responsable.
Representación como víctimas frente a infidelidades internas y ataques de terceros
Las actividades financieras y comerciales tienen como pilar fundamental la confianza en sus administradores, representantes legales y funcionarios. Las entidades y sociedades comerciales, por su parte, están obligadas a mantener ciertos deberes que permitan el adecuado funcionamiento de la economía, de allí que, cualquier infidelidad de sus colaboradores tiene el potencial de causar un daño irreparable. Una respuesta jurídica tendiente a desmotivar la infidelidad y a ratificar la importancia de un comportamiento empresarial adecuado se hace necesaria para evitar posibles fraudes, vulneración de esquemas de seguridad y hechos que revistan las cualidades de delitos.
Personas Naturales
La ciudadanía en una comunidad política tiene una serie de derechos esenciales, entre ellos, una asistencia jurídica en procura de sus intereses dados por la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. En esa medida, como procesados, víctimas o perjudicados le compete a las y los ciudadanos una asistencia profesional con pleno conocimiento de la ley vigente (Ley 906 del 2004, entre otras) donde prime la agilidad y destreza con la que puedan transmitirse los argumentos, así como el manejo adecuado y cabal de las herramientas jurídicas para alcanzar los fines buscados. Por ejemplo, en cuanto a las víctimas, la labor no puede limitarse a la presentación de una denuncia, sino que la actividad judicial debe acompañarse e impulsarse en todo momento. Lo mismo sucede con defensa, donde se han realizado importantes avances para darle un papel más activo, incluso, con la posibilidad de acudir al juez para la autorización de actividades investigativas.
